Edicion : A sábado, 18 de noviembre de 2017 Edicion Archivada

Opinión

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Por : Héctor Díaz Hernández 

Julión y Rafa ¿a la cárcel?

Desde el pasado martes se dio a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los posibles vínculos del jugador profesional de futbol Rafael Márquez y el cantautor mexicano Julión Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández. Desde ese momento ha sido mucha la especulación al respecto. Muchos se preguntan si estos dos famosos podrían ir a la cárcel, si estamos en presencia de su declive profesional, por qué el gobierno nacional no tenía antecedente del caso -al grado de que en las últimas vacaciones el Presidente de la República, Peña Nieto, presumía fotos con el cantante- y en fin, un sin número de especulaciones características del mundo de la farándula, espectáculo y el deporte. 
En primer lugar habría que aclarar de qué son acusados estos famosos y por qué. En el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro donde se etiqueta a 22 mexicanos y 43 entidades, sobre ellos dos se dice lo siguiente: “Entre las designaciones del Departamento se encuentran el mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez). Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado en beneficio de él y su organización de tráfico de drogas y mantenían activos en su nombre”. Al futbolista se le vincula con la participación a través de 9 entidades mientras que al cantante con 3. 
El Departamento del Tesoro actuó bajo una ley denominada “Kingpin Act” o conocida en español como la “Ley de Capos” la cual tiene como principal función desarticular internacionalmente las redes financieras de los líderes de la droga y la delincuencia organizada. Esta Ley nació en el año de 1999 y desde entonces ha nombrado a más de dos mil  personas y entidades con el propósito de disminuir el poder económico de los líderes criminales. 
Los requisitos para ser incluidos en la lista de la Kingpin Act son menores a los que se consideran para iniciar una indagatoria de carácter penal ya que sólo se requiere una presunción de que se asiste materialmente o proporciona apoyo financiero o tecnológico a un capo; o que se actúa bajo las órdenes o en beneficio de él. Es decir, no se requiere que el vínculo esté realmente acreditado, basta con que se tengan pruebas indiciarias o incipientes para que se etiquete a una persona o entidad -aun sin haber probado fehacientemente su participación en hechos ilícitos- para que se determine: la inmediata cancelación de la Visa, el congelamiento de todas su cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición de entablar relaciones comerciales con toda empresa estadounidense. 
En este sentido habría que mencionar lo que muchos especialistas han afirmado y que comparto en el sentido de que este tipo de medidas precautorias son contrarias a la presunción de inocencia ya que en este momento no se ha demostrado realmente que  los “fichados” sean culpables; sin embargo ya se le está restringiendo el uso y disfrute de sus bienes así como limitando sus operaciones comerciales. No obstante, y pese a ser contraria a las garantías mínimas de las personas, es la mejor solución que el Gobierno Estadounidense ha encontrado para eliminar de tajo las fuentes de financiamiento del narcotráfico. 
Por otro lado, cabe referir que el estar en la lista por haber infringido la Kingpin Act no conlleva necesariamente un procedimiento penal, sin embargo, tampoco lo excluye. Es decir, si bien por ahora la indagatoria es de tipo financiero, esto no excluye la posibilidad de que el caso se torne penal. En el primer supuesto -tratándose de infracciones financieras- estaremos hablando de multas que van desde el 1.5 millones de dólares en adelante; sin embargo, si se tiene acredita una infracción al Código Penal estadounidense se podría imponer más de 10 años de prisión. 
Para que Julión y Rafa pisen una cárcel en suelo norteamericano tendría que actualizarse una conducta sancionada por el Código Penal del vecino país -diferente a las reguladas por la Kingpin Act-; que se dicte sentencia en el tribunal extranjero en la que se determine su responsabilidad penal, que la sanción sea la pena privativa de la libertad, que se solicite la extradición por parte de USA y que México la conceda. 
Esperemos que el cantante y el futbolista pronto puedan salir bien librados de este embrollo. De momento, es inminente que su carrera profesional se verá minada por esta etiqueta del Departamento del Tesoro al tener limitada la posibilidad de realizar transacciones u operaciones financieras y disfrutar de sus bienes. Solidaridad con estos iconos de la cultura mexicana, quienes están viviendo en carne propia la experiencia de conocer que el narcotráfico está infiltrado en todos lados y que en nuestro país la presunción de inocencia para las masas…sigue siendo un mito. 

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